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Ayer por la tarde, durante el viaje de regreso de la Alpujarra granadina donde he pasado los últimos días practicando el senderismo, un compañero de grupo nos expuso el estado deplorable de los servicios públicos en Madrid. A modo de ejemplo, nos informó de que hace ya tiempo el Ayuntamiento había derribado el polideportivo de Chamartín, en la Avenida Pío XII. Para mí fue un duro golpe enterarme de la desaparición de la única piscina pública de tamaño olímpico de Madrid, que se suma al cierre y demolición de las instalaciones de La Latina hace dos o tres años con motivo de una reforma que nunca se ha llegado a realizar.

Enseguida, me acordé de mi infancia en el barrio londinense de Richmond. Con la llegada de Margaret Thatcher al poder, se decidió que los deportes no eran un servicio prioritario y se procedió al cierre o el abandono de la casi totalidad de las instalaciones públicas de la capital británica. Recuerdo que me marcó especialmente el cierre del histórico palacio de hielo de Richmond, lugar donde de pequeño había visto a los míticos Jayne Torvill y Christopher Dean conquistar todos los récords en patinaje artístico. Sin embargo, aquello fue sólo la punta del iceberg y en años sucesivos practicar el deporte en unas condiciones dignas se convertiría en un privilegio al que sólo podrían acceder unos pocos.

También me acordé de mis primeros años en España, país al que llegué nada más completar la carrera universitaria con fin de iniciar una nueva vida personal, académica y laboral. En aquel momento, uno de los principales atractivos de este país era que, a diferencia de la Inglaterra post-thatcherista, todavía era posible mantener una calidad de vida razonable sin la necesidad de ser abogado o banquero. Dicho en palabras llanas, existía una clase media; gente que se dedicaba a profesiones como la enseñanza, el periodismo, o las bellas artes, que ganaban poco dinero pero que podían acceder a compartir piso en un lugar céntrico, salir de vez en cuando con los amigos, y que con el pago de sus impuestos tenían derecho a la sanidad, a la educación para sus hijos si alguna vez los tuvieran, y a disfrutar de unas instalaciones públicas financiadas con la ayuda de todos los españoles.

Sin embargo, en el año 2000, gobernaba en España José María Aznar mientras en Madrid compartían el poder dos políticos del PP; José María Álvarez de Manzano en la alcaldía y Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid. Unos dirigentes que se habían formado en las artes oscuras leyendo la biografía de Margaret Thatcher, política que veneraban por encima de cualquier santo o dios. Pues, un par de años más tarde, Gallardón se convertiría en alcalde y entre sus primeras medidas serían las de aumentar las tarifas de los polideportivos públicos y sacar licitaciones para la gestión privada de estos centros, los cuales, aunque pagados por todos los madrileños, se cederían a empresarios del sector de transporte, con ninguna experiencia o conocimiento del mundo del deporte, y cuyo único aval eran las relaciones carnales que mantenían con el partido gobernante. Las instalaciones que el ahora ex alcalde neoliberal y experto en disfrazarse con piel de cordero no conseguía privatizar, las dejaba caer en el abandono para, posteriormente ó en paralelo, construir otras que, nada más terminar de levantarse, regalaba a empresas externas.

Otra compañera del grupo con el que compartía el viaje a la Sierra Nevada, nos comentó que hace poco se había encontrado con una nadadora olímpica de origen norteamericano quien le contó que tras el cierre de la piscina de Chamartín no le quedó otra que viajar a Aluche para poder encontrar un lugar para entrenar. Y no es que no hubiera dinero. El mismo alcalde que acabó con los deportes en Madrid es el que se autoproclamó defensor del deporte y presentó la ciudad de Madrid como candidato a sede olímpica por tercera vez consecutiva. Sin embargo, por sus obras se le recordará y cada día queda más claro que el motivo que le impulsó a tamaña apuesta no fue el deporte sino los intereses especulativos del sector inmobiliario.

Han pasado más de 11 años desde que pisé Madrid por primera vez. En este tiempo sólo puedo agradecer las oportunidades que esta ciudad me ha proporcionado, y reconocer que con el paso de los años ha mejorado en algo mi situación laboral y económica de manera que aunque todavía faltando muchas cosas, por poco ya no pertenezco a la generación ‘mileurista’, y puedo permitirme el esfuerzo adicional que supone practicar el deporte en unas instalaciones privadas. Sin embargo, pienso en los que se licencien ahora, en los que pisen por primera vez suelo madrileño con vistas a buscarse la vida en las profesiones liberales. Lamento que estos no encontrarán la ciudad que descubrí sino una tierra hostil en la que los derechos se han convertido en privilegios. Una tierra más parecida al país que dejé, en el que para la mayoría de la gente la palabra ‘Estado’ ya no significa ‘bienestar’ sino ‘policía’, ‘ejército’ y ‘hacienda’. Y me pregunto, ¿pero qué concepto de ciudadanía es esa? Pues, es el mismo concepto que llevó a miles de jóvenes a reaccionar con violencia el pasado mes de agosto en las principales ciudades inglesas, no como ciudadanos que protesten legítimamente contra los errores de las instituciones democráticas, sino como meros consumidores sin dinero, despojados del sentido cívico; de pertenencia a una comunidad o a un país. Es el mismo concepto que está transformando sociedades supuestamente ‘avanzadas’ en ciudades sin ley donde sólo reina la barbarie.

Y lo más triste es que al igual que en el Reino Unido de hace 25-30 años, sólo protesta una pequeña minoría. Demasiadas personas que una vez se beneficiaban del estado de bienestar ahora se creen lo suficientemente ricos para dejarlo desaparecer como si les importara un bledo el futuro de sus propios hijos y nietos. Asumen que cualquier cambio es inevitable y se hacen creer las mentiras de un Gobierno que busca echar toda la culpa a su antecesor mientras procede sin descanso a hacer realidad su sueño thatcherita en versión ibérica. El cambio en absoluto es inevitable. Hay alternativa pero hay que luchar por ella de la misma manera con la que nuestros padres lucharon en su día. Y tenemos que pensar en qué sociedad queremos vivir y no en qué sociedad nos obligan a sobrevivir.

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